El kirchnerismo presentó este lunes una docena de leyes sobre comunicación digital, que entre otras cosas regulan la publicidad oficial, gravan a las plataformas digitales y las obligan a ofrecer producción nacional.

Las iniciativas fueron presentadas en un acto liderado por los diputados del Frente de Todos Pablo Carro y Florencia Lampreabe, autoridades de la comisión de Comunicación. 

Asistieron un centenar de invitados entre académicos, asociaciones de medios y periodistas como Nancy Pazos y Chintia García, identificada con el kirchnerismo, que consideró necesario sumar al debate al Grupo Clarín por su cercanía con la oposición.

No hubo alusiones directas a controlar "los discursos del odio", pero sí a la posibilidad de combatirlos con más regulación de plataformas y una distribución de la pauta publicitaria menos enfocada en las audiencias. 

"Los discursos de odio tendrían menor circulación si hubiera más voces y si esas voces fueran más plurales y más diversas", señaló Carro, quien preside la comisión de comunicación, pero aún no tiene un cronograma de tratamiento de estas leyes. 

Lampreabe anunció que antes realizará audiencias en diferentes partes del país, una recorrida similar a la que precedió a la ley de medios sancionada en 2009 y derogada parcialmente por Mauricio Macri, quien también borró gran parte de la regulación de telecomunicaciones de 2014, denominada "Argentina digital", y nunca tuvo consenso para sancionar una nueva. 

Se propone que sólo el 50% de la pauta publicitaria sea repartida por audiencia y el resto en su mayoría a medios chicos y comunitarios. Y avanza en una regulación de las plataformas de internet, con impuestos y cuotas obligatorias de producción nacional. 

El kirchnerismo busca recuperar esas normas y avanzar en la regulación de los principales actores de la comunicación del esta época, como son los proveedores de telecomunicaciones (Telefónica, Telecom, Claro), las redes sociales y motores de búsqueda (Facebook, Instagram, Twitter) y las plataformas que distribuyen contenidos o venden servicios en todo el mundo (Netflix, Spotify y Uber). 

Estos conglomerados tecnológicos trabajan con sofisticados algoritmos que seleccionan y potencian las audiencias al mejor postor. La ley de medios no tuvo en cuenta el mundo que se venía.

De esta manera, si las normas prosperaran los actores locales de la comunicación digital tendrían motivos para protestar pero también para celebrar. Por caso, Telecom debería adaptarse a nuevas regulaciones a las telecomunicaciones, pero su oferta audiovisual (Canal 13) dejaría de sufrir competencia desleal del streaming. 

Entre los expositores hubo representantes de cooperativistas y medios digitales chicos que ante un púbico identificado con el kirchnerismo reclamaron priorizar la regulación de plataformas y bajarle el tono a la pelea con los monopolios mediáticos tradicionales.  

Lampreabe destacó la necesidad de una reforma integral. "Es importante que avancemos en la presentación y debate de proyectos que contemplen el estado actual del sistema de medios. Se trata de un puntapié que entiende que la comunicación es un derecho y no un negocio". 

El proyecto de regulación de publicidad oficial, firmado por Carro, restringe al 50% del total la asignación por alcance del medio o soporte y obliga a considerar para repartir el resto la pertinencia del mensaje, zona geográfica, fomento del federalismo y de las pequeñas empresas. 

Un 20% se asignaría a microempresas de comunicación y otro 20% "al fomento de la pluralidad de voces", entendida como tal a "medios comunitarios, cooperativos, pueblos originarios y universitarios". 

"Necesitamos cambiar y pasar de una etapa defensiva a la ofensiva. No hay posibilidad de que tengamos una democracia potente en Argentina si no hay democratización de la comunicación", sostuvo Carro.

El cordobés también presentó un proyecto de ley para asignar recursos o beneficios impositivos a "emprendimientos que presten servicios periodísticos" y sean "organizaciones sin fines de lucro o micro o pequeños comerciales". Se financiarían con el 5% del IVA a "servicios digitales de información, servicios audiovisuales y de publicidad realizados por prestadores extranjeros".

Otro proyecto retoma los parámetros del DNU 690 de 2020 que la justicia declaró inconstitucional y define a las telecomunicaciones como "servicio público estratégico y esencial en competencia", lo que permite una regulación de precios mediante audiencias públicas. 

Y con ese instrumento, Lampreabe se propone una prestación básica de internet, fija o móvil, junto al servicio de telefonía fija y de TV por cable, financiada con los aportes de las licenciatarias que desempeñen actividades en el territorio argentino y posean más del 30% del mercado.

El paquete incluye una ley para regular la comunicación audiovisual de plataformas digitales (OTTs). Se las obliga a tener al menos un 20% de su oferta en industria nacional y a pagar el gravamen de los servicios audiovisuales tradicionales del 6% de la facturación a las extranjeras y 3% a las nacionales. No se crea un nuevo impuesto. 

En otra iniciativa de Lampreabe grava con un 5% de la facturación a prestadores extranjeros de servicios audiovisuales digitales a demanda, se impone la obligatoriedad del cobro en moneda nacional, se crean cuotas de pantalla (50% para tv por suscripción y 25% para plataformas) y un catálogo de audio para los servicios de música del 30% para el contenido nacional.

El 25% de los recursos del Fondo se destinarían al INCAA y el 60% a proyectos nacionales producidos y desarrollados fuera del área metropolitana, regulados por la ENACOM. 

Pero la mayor regulación a las plataformas aparece en la ley de servicios digitales, que propone gravar todas las actividades digitales que actúan sin ningún tipo de control con sociedades comerciales radicadas fuera el país.  

Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AirB and B, están entre las alcanzadas, a partir de tareas como "la publicidad en línea a través de motores de búsqueda y redes sociales, la intermediación en la venta de productos y servicios mediante plataformas digitales y la comercialización de datos de personas usuarias".  

Pagarían un "impuesto a los servicios digitales extranjeros", que consistiría en el  3% de la facturación bruta de aquellas empresas que lleven a cabo operaciones de publicidad online, intermediación digital y comercialización de datos y facturen al menos 1000 millones de dólares anuales a nivel global.  

El proyecto de Lampreabe, tal vez el más ambicioso, delimita los servicios digitales con definiciones que debería aplicar la AFIP como "contenidos digitales, IP, interfaz digital, servicios digitales, servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea, servicios de transmisión de datos y personas usuarias".  

Y si bien ninguna iniciativa menciona a los discursos del odio en las redes, principal fuente de distribución del mensaje político, hay una que incorpora las plataformas al ámbito de aplicación de la defensoría del público, que creó un Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica, el Nodio. Se ampliaría a las plataformas digitales. 

Los otros proyectos de ley son el uso gratuito de plataformas del estado, la reducción del IVA para micro, pymes y cooperativas, para que vuelva a ser de 2.5%; la construcción de un fondo fiduciario para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios; y la declaración de interés de las radios universitarias. Todavía no tienen fecha de tratamiento.